Derecho a la última palabra.

El derecho a la última palabra en el proceso penal se ubica en el art. 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que, una vez terminada la exposición del informe final de las partes en el juicio oral, el Presidente de la Sala preguntará a los acusados si tienen algo que manifestar al Tribunal, dándoles la palabra si lo desearan. Este acto procesal se configura como un medio de autodefensa del que goza el acusado en los procesos penales modernos en los que el investigado deja de ser un mero objeto del que extraer información de manera inquisitiva convirtiéndose en un verdadero sujeto de derechos.

Puede parecer un trámite procesal que pase desapercibido en el juicio oral y que revista una escasa relevancia hoy en día, máxime cuando los letrados tratan de marcar una determinada estrategia de defensa y evitan a toda costa que en el último momento del juicio su cliente diga algo contrario a esa estrategia procesal, trastocando la línea de defensa que se ha ido marcando durante todo el proceso.

La realidad es bien distinta, pues el derecho del acusado a la última palabra es una manifestación del derecho de defensa cuya vulneración implica una nulidad de las actuaciones en virtud de lo dispuesto en el art. 248 LOPJ. De esta forma, debería de repetirse el juicio oral con unos magistrados diferentes con la finalidad de preservar el principio de independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados que proclama el art. 117.1 de la Constitución Española.

Así lo entendió la STS 849/2003: «este último trámite del plenario no puede ser suprimido sin lesionar gravemente el derecho fundamental a la defensa que garantiza a todos el art. 24.2 CE«. Posteriormente, el Tribunal Constitucional ha matizado dicha doctrina. La STC 258/2007 puso de manifiesto que procederá la vulneración del art. 739 LECrim solamente cuando se haya generado una indefensión material, entendiendo que se vulnera dicho derecho cuando las últimas palabras del acusado hubieran conducido a dictar un fallo distinto. Esta sentencia de nuestro Alto Tribunal limitaba el alcance del derecho del acusado a la última palabra y realizaba una interpretación restrictiva del precepto a la vez que encerraba una interesante lógica, no obstante, desde el punto de vista de la economía procesal y del derecho de defensa puede parecer excesivo dotar de tanta protección al derecho a la última palabra, incluyendo el concepto de la indefensión material. Sorprendentemente, y como muestra de lo garantista que es nuestro proceso penal, el pleno del Tribunal Constitucional en su nota informativa sobre la reciente sentencia dictada el 18 de febrero de 2021 ha virado respecto de la anterior doctrina expuesta. Ya no es necesario que las últimas palabras del acusado tengan relevancia para el dictado de la sentencia, por lo que siempre y cuando no se haya renunciado al derecho a la última palabra y el Tribunal no le haya dado la posibilidad al acusado de ejercitar dicho derecho se entenderá que se ha vulnerado el derecho de defensa, decretándose la nulidad del acto del juicio oral y ordenando la repetición del mismo.

Alejandro Rodríguez.

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