¿Qué es un concurso de acreedores?



El concurso de acreedores es el procedimiento judicial mediante el cual se garantiza la satisfacción de una pluralidad de acreedores, en la medida de lo posible, por parte del deudor insolvente.

Esta incapacidad del deudor para cumplir regularmente con sus obligaciones de pago puede ser actual o inminente.

Se trata de un instrumento al que pueden acogerse herencias, particulares y empresas, aunque está especialmente pensado para estas últimas.

Puede ser solicitado tanto por el deudor como por alguno de los acreedores o por el administrador concursal.

Durante su tramitación, se producen una serie de efectos sobre el deudor y sus acreedores:

Al primero se le impone la obligación de colaborar con el administrador concursal y se limita su poder de disposición sobre el patrimonio afecto al concurso. Los procedimientos de ejecución que ya hayan sido instados por los acreedores quedarán paralizados y tampoco podrán interponerse nuevas acciones judiciales en este ámbito contra el deudor.

El administrador concursal designado preparará un informe sobre el estado económico de la empresa, el inventario y la lista de acreedores. Además, determinará la masa activa (bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor en fecha de declaración del concurso) y la masa pasiva del mismo (créditos en su contra). El objetivo de estas operaciones es el de preservar el patrimonio del deudor.

La resolución del concurso puede producirse de dos maneras:

  • Mediante la aprobación de un convenio en el que habitualmente se establecen quitas y esperas, entre otros mecanismos, para facilitar el cobro de los acreedores y el mantenimiento de la actividad de la concursada.
  • A través de la liquidación del patrimonio del deudor a efectos de satisfacer los créditos concurrentes.

El concurso puede ser calificado como fortuito o culpable, dependiendo de las circunstancias en que se haya producido. Se declarará culpable cuando el deudor consciente y voluntariamente, o mediando negligencia grave, se haya colocado en situación de insolvencia. En estos casos, perderá sus derechos de cobro y puede verse gravemente perjudicado en su patrimonio personal, además de arriesgar su inhabilitación y ser objeto de responsabilidad civil y penal.



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